lunes, 28 de diciembre de 2020

PLANIFICACIÓN DE FINANZAS PERSONALES PARA EL 2021


Por: Rigoberto Carvallo
@rigocarvallo
Tiempo de lectura: 5 minutos

A pocos días de finalizar el año, tras la dura experiencia que trajo consigo la pandemia global, es menester reflexionar acerca de la oportunidad que nos brinda el 2021 para mejorar nuestros hábitos de consumo, cuidado de la salud y protección del medioambiente; pero también, es momento de pensar en la necesidad de reordenar nuestras finanzas personales acorde a las expectativas de recuperación en este nuevo año.

 

Resulta frecuente encontrar a emprendedores o microempresarios que combinan sus finanzas personales con las de su negocio, lo cual representa un enorme error puesto que impide a los negocios crecer, compromete su sostenibilidad y limita la capacidad para identificar nuevas oportunidades de expansión; razones suficientes para empezar este año diferenciando lo uno de lo otro.

 

En un año que definitivamente representa un punto de quiebre en el siglo XXI y que marcará definitivamente las relaciones interpersonales entre productores y consumidores, debemos preguntarnos de cara al 2021: ¿Tenemos los mismos objetivos? ¿Cómo ha cambiado nuestro negocio? ¿Cómo ha cambiado nuestra perspectiva respecto del valor de las cosas? En fin, resulta válido plantearnos estas preguntas para saber cómo administrar nuestras finanzas en adelante y empezar a planificar las estrategias que nos permitan alcanzar nuevas metas y objetivos en este nuevo año.

 

El primer paso consiste en conocer y evaluar nuestro balance financiero con cierre al final de cada año; es decir, conocer con exactitud nuestra liquidez y ahorro, el valor de nuestros activos, nivel de endeudamiento y situación patrimonial en general. Además, es importante echar un vistazo al comportamiento de nuestros ingresos y las variables que incidieron positiva o negativamente a la generación de los mismos, así como la ejecución de nuestros gastos a lo largo del año; esta radiografía nos permitirá conocer, de forma puntual y clara, las pautas para empezar a desarrollar nuestra planificación y presupuesto.

 

Un factor exógeno que debemos tomar en cuenta al momento de planificar nuestras finanzas el próximo año, es la coyuntura económica y política del país. El 2021, al ser un año electoral, determina en el corto y mediano plazo el nivel de seguridad jurídica, las condiciones de estabilidad macroeconómica y la capacidad del nuevo gobierno y del sector empresarial para recuperar el empleo y la productividad; por lo que, nuestra previsión de ventas, inversiones y nuevo endeudamiento deben considerar dichos elementos.

De la misma manera, es necesario conocer las condiciones que afectarán al entorno microeconómico de nuestro negocio; es decir: volatilidad de los precios de las materias primas, capacidad de nuestros proveedores en seguir atendiendo nuestros pedidos, nuevos comportamientos y tendencias del consumidor en el marco de una posible etapa post pandémica, etc.

 

Con este conocimiento de un posible desempeño del mercado en el año entrante, podemos empezar a proyectar de forma periódica nuestras ventas con un enfoque conservador, identificando con claridad la estacionalidad y elasticidad de la demanda de nuestros bienes o servicios. De forma similar, tomando como referencia nuestros gastos incurridos en el año anterior, podemos proyectarlos el próximo año bajo un escenario real y ajustándolos lo más posible en un contexto de austeridad, priorizando aquellos exclusivamente necesarios y provisionando las reservas del caso para poder hacer frente a imprevistos y obligaciones tributarias o patronales.

 

Nuestra proyección de ingresos debe contemplar un componte destinado al ahorro, de tal manera que al final del año podamos contar con un capital que a su vez podamos invertirlo en distintas opciones para que empiece a generar rendimientos en el mediano y largo plazo. En este sentido, cultivar hábitos de ahorro requiere disciplina, proyección y constancia para que este pueda convertirse en una inversión rentable que trabaje por si sola, colocarlo a una inversión en activos fijos (vehículos, casas, terrenos) que incremente nuestro patrimonio o destinarlo a cumplir objetivos de superación profesional tales como inversión en educación.

 

Revisar nuestro el nivel de endeudamiento y acomodarlo al flujo de ingresos y gastos a lo largo del próximo año es fundamental en este proceso de planificación y presupuestación financiera. Los pagos mensuales de créditos bancarios de consumo o tarjetas de crédito, deben ser correctamente amortizados de acuerdo a nuestra capacidad de pago para no atravesar problemas de iliquidez o deteriorar nuestro historial crediticio; en ese sentido, es muy importante conocer el límite de nuestra capacidad de endeudamiento antes de contraer nuevas deudas y, cada vez que sea posible, destinar parte de nuestros ingresos extraordinarios a abonos para reducir el capital e intereses.

 

La elaboración del presupuesto al inicio del año debe ser lo más minucioso posible, es recomendable establecer, en base a la nuestras propias necesidades y la experiencia de nuestro negocio, una cantidad máxima destinada a gastos personales; esto es: alimentación, salud, vestimenta, servicios básicos, etc., y un máximo destinado a gastos varios o imprevistos. Parte de la disciplina financiera que debemos mantener a lo largo del próximo año es dejar de reducir al máximo gastos pequeños que pueden parecer “imperceptibles” pero cuya acumulación pasan factura y comprometen parte de nuestros ahorros al final de cada mes o año.

 

Finalmente, no podemos dejar de lado la elaboración de un plan de acción y seguimiento que nos permita alcanzar esas metas financieras que nos hemos trazado para el nuevo año, mismo que debe establecer en detalle las actividades que debemos ejecutar de forma mensual para poder alcanzar los niveles de generación de ingresos que nos hemos proyectado y controlar el presupuesto de gastos. Este plan de acción nos permitirá en el camino reorientar, replanificar o tomar medidas correctivas a lo largo del año las veces que sean necesarias y servirá por supuesto como instrumento para iniciar nuevos procesos de planificación financiera en años venideros.

  

Manta, 28 de diciembre del 2020

 

viernes, 2 de octubre de 2020

DESARROLLO SOSTENIBLE: ¿UTOPÍA O REALIDAD EN MANTA Y MANABÍ?


Por:  Rigoberto Carvallo
rcarvallo@manta2030.com
@rigocarvallo
Tiempo de lectura: 5 minutos

Cuando hablamos de desarrollo sostenible, tenemos que tener claro su contexto y significado; sobre todo frente a los desafíos que la humanidad enfrenta en medio de la pandemia global, al acelerado cambio climático y al aumento de las brechas de desigualdad. De acuerdo a las Naciones Unidas, principal organismo internacional que abandera e impulsa el desarrollo sostenible, éste es definido como: “El desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”[1].

Es menester preguntarnos: ¿Están los países y sus ciudades implementando un verdadero desarrollo sostenible?. Para responder esta pregunta no basta con proponer políticas declarativas o enunciar al desarrollo sostenible para captar la atención de la ciudadanía, sobretodo del segmento joven y ambientalista, sino poner en práctica acciones concretas que, desde las capacidades de cada actor: ciudadanía, sector público, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, etc., coadyuven a la profundización del debate académico y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.

Como país, hicimos una estupenda labor cumpliendo los Objetivos del Milenio en la última década, pues cumplimos 20 de las 21 metas trazadas[2], lo cual coadyuvó a ser reconocidos ante gobiernos, instituciones multilaterales y organismos no gubernamentales por las grandes transformaciones sociales en materia de salud, educación y garantía de derechos. Estos logros permitieron además empezar con pie derecho el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2015, aunque lastimosamente, hemos tenido notable retroceso en los últimos tres años en materia de salud, reducción de la pobreza, educación y ampliación de las brechas de desigualdad[3].

Para evaluar la sostenibilidad, la Universidad de Cambridge realiza un reporte anual sobre el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en cada país, rankeando al Ecuador en puesto 46 de 166 países en el 2020.[4] Asimismo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) a través de una categorización de indicadores alineados a las metas de los ODS, reporta el avance de su cumplimiento.[5]

La producción de datos, levantamiento de información y construcción de indicadores es la única manera de monitorear y evaluar el cumplimiento de objetivos y metas de la Agenda 2030, como principal instrumento de política de desarrollo global y principal referencia para hablar de sostenibilidad en el mundo. Un buen ejemplo de ello en Latinoamérica lo tiene Bolivia, quienes desagregan el cumplimiento de los ODS a nivel municipal. Lastimosamente, la capacidad estadística en el Ecuador no es lo suficientemente amplia para aterrizar los datos a nivel territorial ya que su última actualización se realizó con el Censo del 2010 y apenas un selecto grupo de ciudades es incluida en la Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU); en la cual Manta no está incluida.

Es menester entonces de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de la Academia, destinar recursos económicos y reclutar talento humano especializado para fortalecer sus sistemas cantonales de información y empezar a levantar mecanismos de datos abiertos y actualizados, e indicadores que permitan establecer el punto de partida y las metas de sostenibilidad a ser alcanzadas en el corto, mediano y largo plazo con el fin de compararnos con otras ciudades del Ecuador y el mundo.

Desde el enfoque de la economía ambiental, uno de los desafíos al hablar de sostenibilidad es poder mantener la brecha entre el impacto que genera la exploración de los recursos naturales por el hombre y capacidad de bio-remediación de la naturaleza; es decir, la relación entre la huella ecológica (demanda) y disponibilidad de recursos renovables (oferta) que permite determinar si los hábitos de consumo de una población son sustentables.

Nuevamente, el rol de los Municipios se torna fundamental para poder empezar a generar acciones concretas y de impacto que permitan reducir el consumo desproporcionado de los recursos naturales y propender a acciones de remediación y conservación. Así, es preocupante por ejemplo, que 15 de 22 municipios en la provincia de Manabí, no cuentan con sistemas de tratamiento o disposición final de desechos peligrosos sanitarios ni caracterizan los residuos sólidos producidos en su territorio. Asimismo, ningún Municipio en la provincia realiza recolección diferenciada de residuos sólidos ni trabajan con separación en la fuente a nivel domiciliar.[6] En esa misma línea, es interesante el caso de Manta, donde el consumo de agua al mes supera los 817 mil metros cúbicos; es decir un exceso en el consumo de 1,2 veces lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para cubrir las necesidades básicas de salud e higiene.[7]

Al hablar de sostenibilidad, no debemos olvidar el enfoque de desarrollo económico. Manta, es una ciudad con un Valor Agregado Bruto que supera los USD 2000 millones, esto es alrededor del 2% del PIB Nacional y en el puesto 7 de las ciudades de mayor tamaño del Ecuador[8]. Nuestra producción local se ha concentrado en los últimos 50 años en el desarrollo de la actividad pesquera, manufactura y el comercio, mismos que emplean juntos alrededor del 50% de la Población Económicamente Activa. Estos sectores, altamente intensivos en mano de obra, generadores de residuos o desechos sólidos y con origen  en la extracción de los recursos marinos, representan una razón suficiente para empezar a plantearnos nuevas fuentes de producción sostenible y consumo responsable, orientada a una matriz de producción circular y economía naranja, desarrollo de sectores terciarios e inversiones en infraestructura estratégica que favorezcan al comercio y la producción sostenible.

Pasar de la utopía a la realidad en desarrollo sostenible requiere de mayor participación ciudadana y menos discurso de parte de las autoridades locales. El rol preponderante de la ciudadanía activa y participativa es fundamental para generar los cambios estructurales en la sociedad y alcanzar el desarrollo sostenible requiere del esfuerzo e interacción de todos los actores de la sociedad como corresponsales para lograr los grandes objetivos planteados al año 2030; con planificación  y visión, ya que no podemos dejar a nadie atrás y debemos avanzar todos juntos.

 

 Manta, 02 de octubre del 2020




[1] https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/

[2] Objetivos del Milenio, Balance Ecuador. Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2014 (Ex – Senplades)

[3] De acuerdo al cumplimiento de objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 en el Sistema Nacional de Información: https://sni.gob.ec/inicio

[4] https://www.sdgindex.org/

[5] https://www.ecuadorencifras.gob.ec/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

[6] AME-INEC. 2018, Registro de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

[7] Barcia, W. (2020). Manta, Desarrollo y Sostenibilidad: Todo un ecosistema. Pág. 94. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.

[8] Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales – Valor Agregado Bruto Cantonal (2017).

martes, 18 de agosto de 2020

RESTAUREMOS LA ESPERANZA DESDE EL PODER CIUDADANO

 

El mundo atraviesa por un momento que los economistas institucionales denominamos: “coyunturas críticas”; es decir momentos en la historia que marcan el camino a determinada senda de desarrollo o subdesarrollo.  Y es que, en medio de la pandemia global que ha golpeado a los seres humanos con indistinta preferencia, confluyen además en nuestro país fenómenos como: la corrupción, el abuso del poder, el entreguismo y la politiquería, que profundizan la pobreza y la desigualdad.

Ecuador vive un momento en el cual es responsable de su propio destino, y que se definirá con los actos y voluntades de ciudadanos determinados a realizar esfuerzos para poder superar esta dura realidad y recuperar la senda del progreso, el desarrollo y bienestar. No hablo de políticos, que con honrosas excepciones, han defraudado a un país, sino más bien del ciudadano de a pie como tú y yo.

De mi lado, agradezco la confianza de amigos, colegas, cercanos y de actores políticos que han manifestado su apoyo a este humilde servidor para representarlos como pre-candidato a la Asamblea Nacional; me siento honrado por el simple hecho de estar en sus mentes; no obstante, luego de profunda reflexión, he decidido continuar trabajando desde mi trinchera: el activismo ciudadano, con jóvenes emprendedores y empresarios, con estudiantes, animalistas, feministas, ambientalistas y con todos quienes tengan una causa justa y que conciban al desarrollo sostenible como el camino correcto al progreso y la justicia.

Para mí, SE PUEDE Y SE DEBE HACER POLÍTICA SIN PARTICIPAR EN ELECCIONES, desde la participación ciudadana, con la gente en los barrios, con planificación y técnica, con sentido común y sobretodo con infinito amor por esta tierra linda que deposita su esperanza en una nueva generación que estamos observando y actuando fuera de la esfera partidista.

¡Por Manta, Manabí y el Ecuador!

Rigoberto Carvallo


miércoles, 1 de julio de 2020

La importancia del Puerto de Manta como nudo logístico y reactivación económica

Foto: Vista aérea del Puerto de Manta

Por: Econ. Rigoberto Carvallo
@rigocarvallo

En la ciudad de Manta, según proyecciones al 2020 del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, habitan aproximadamente 264.281 habitantes; de los cuales (en base al último censo poblacional) al 49% son hombres y 51% mujeres. Además, como todos sabemos, es considerada la capital internacional del atún, ya que nuestra principal actividad económica consiste en la captura, procesamiento y comercialización de productos derivados de esta especie.

El sector pesquero es de gran impacto en la economía del Puerto de Manta y es un sector generador de divisas y creador de puestos de trabajo; no solamente desde la captura del atún, sino también en todas las industrias y comercio que se originan desde ella; tal es así que, de acuerdo con información del Banco Central del Ecuador al año 2019, exportaciones primarias de pescado y atún superaron los USD 307 millones y las exportaciones de productos del mar alcanzaron los USD 1.200 millones. Indudablemente, la fase extractiva es la más relevante, por cuanto es la que da inicio al proceso de la cadena de producción del sector pesquero, misma que se concentra en Manta, pues el 75% de la flota atunera nacional opera en nuestra ciudad, movilizando entre pesca nacional e internacional, más de 300 mil toneladas de pesca en el año 2019.

El Puerto de Manta es un puerto multipropósito; esto quiere decir que no solamente se realizan actividades de carga y descarga de productos, sino que también contempla la movilización de personas y mercancías. La principal carga que se moviliza en el Puerto de Manta son gráneles sólidos (alrededor de 400 mil toneladas) y sobresale (antes del impacto de la pandemia), la importación de vehículos, que para el 2018 registraron más de 60 mil unidades.
Siendo el Puerto de Manta el principal puerto pesquero del Pacífico Oriental, al cual arriban buques de varios países y tamaños, se puede considerar a nuestro Puerto como un eslabón clave de la cadena logística de la pesca; por lo tanto, es necesario promover inversiones que permitan aumentar los niveles de movilización y almacenaje de carga, inversiones que deben responder al compromiso del cuidado ambiental y social en el marco de procesos de construcción de infraestructuras sostenibles.

Nuestro Puerto es centro fundamental para el comercio externo e interno, por lo tanto es importante analizar el nivel de conectividad del Puerto a los principales puntos de producción, distribución y comercialización en términos de distancias a los mercados locales, acceso a redes viales y costos de transporte. Toda vez que la ubicación de nuestro puerto es geo-estratégica y privilegiada, lo convierte en el punto de enlace y de integración del comercio exterior de Sudamérica con el resto del mundo.

Así, partiendo del principio de intermodalidad, la logística juega un papel estratégico en el desarrollo productivo y comercial del Ecuador a través de una gestión eficiente de la cadena productiva, encerrando todas sus etapas desde la producción, transporte, consolidación, agregación de valor y distribución de las cargas, tanto a nivel nacional, como internacional; por lo que es fundamental pensar en un sistema logístico cantonal competitivo que integre zonas de producción con los mercados globales.
La ciudad de Manta puede considerarse como un eje estratégico de transporte multimodal ya que cuenta dentro de su casco urbano con su Puerto de Manta, Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro y Terminal Terrestre, conectados a través de una autopista de seis carriles a menos de 10 kilómetros de distancia entre ellos.

Por estas razones, Manta puede ser considerada como Zona de Actividad Logística (ZAL) donde se proporcionan servicios logísticos a la carga. Tradicionalmente estos servicios han venido siendo prestados dentro de las zonas de servicios portuarios; no obstante, Manta como eje estratégico de trasporte multimodal, puede incluir servicios de consolidación y desconsolidación, empaquetado y embalaje, etiquetado, almacenaje temporal, servicios logísticos de distribución, etc.; logrando que nuestra ciudad recupere la capacidad productiva y competitiva que perdió después del terremoto y que se verá afectada post Covid19.


Manta, 01 de julio del 2020

viernes, 22 de mayo de 2020

GOLPE DEL COVID19 A LA FAMILIA Y ECONOMÍA ECUATORIANA: UNA REVISIÓN RÁPIDA



Por: Econ. Rigoberto Carvallo
@rigocarvallo

La dura emergencia sanitaria, producto de la pandemia global, no solo ha puesto a prueba los sistemas de salud y capacidad de reacción de los gobiernos para enfrentarla, en un escenario particularmente difícil para los países de Latinoamérica que han venido experimentando hace pocos meses, duros golpes a su estabilidad económica y política.

De acuerdo a la información proporcionada por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) con corte al 22 de mayo del 2020, el Ecuador ha superado los 35.000 casos confirmados de COVID19 y cerca de 5.000 personas fallecidas, lo cual representa alrededor de 294 muertes por cada millón de habitantes, lo cual nos sitúa como el país sudamericano que peor ha manejado la pandemia desde el enfoque sanitario y cuya mortalidad se compara con la de los Estados Unidos (ourworldindata.org).

Lastimosamente, los datos proporcionados por el SNGRE, no son lo suficientemente sólidos para que la comunidad científica establezca con certeza modelos para predecir la trayectoria de la curva de contagios y la capacidad de propagación del virus. Esa débil capacidad estadística se debe principalmente a la poca toma de pruebas que actualmente se realizan en el Ecuador (alrededor de 3 test por cada 1000 personas) y al insuficiente seguimiento epidemiológico de las poblaciones en riesgo; requisito fundamental para empezar a pensar en un desconfinamiento progresivo, considerando sobretodo que los países de la OECD realizan un promedio de 23 test por cada 1000 personas de su población.

Tras dos meses de confinamiento con medidas de distanciamiento social, la economía ecuatoriana empieza a sentir los golpes de la pandemia; tal es así que el Banco Mundial ya ha pronosticado un decrecimiento del PIB en al menos un 6% para este año. Este estrepitoso golpe a la economía ecuatoriana se explica por varios factores que resumo a continuación:

  1. La fuerte caída del precio del petróleo por debajo de los USD 51,00 por barril referencial en el Presupuesto General del Estado para este año, implica menor inversión pública (menos escuelas, hospitales, carreteras y demás proyectos de infraestructura). A menor inversión, menor crecimiento de la economía, menos empleo y menos dólares en circulación; por tanto, reducción del consumo de los hogares.
  2. De acuerdo a la Cámara de Industrias y la Producción, la paralización de las actividades económicas producto del confinamiento traería consigo hasta el mes de abril pérdidas en ventas por encima de los USD 32 mil millones. Esto es básicamente el 15% del total de las ventas que se generan al año en el país.
  3. Esta paralización y reducción en ventas, implica además caída en la recaudación tributaria; es decir, menos ingresos permanentes al Estado para financiar su gasto corriente; es decir: sueldos a docentes de colegios, escuelas y universidades, personal de la salud (médicos, enfermeras), policías, militares y trabajadores sociales. Todos ellos representan el 75% de todo lo que gasta el Estado en sueldos y salarios, por tanto, menor recaudación tributaria implica despidos y recortes al gasto, lo que se traduce en el debilitamiento de las capacidades del Estado y desmejoramiento de la calidad del servicio público.
  4.  De acuerdo al Gobierno Nacional, hasta el momento el Covid19 ha resultado en la pérdida de 150.000 puestos de trabajo; es decir un significativo deterioro de la tasa de pleno empleo.
Debemos comprender que el efecto del Covid19 en la economía ecuatoriana es un shock externo y como tal, debe combatirse con mecanismos de política exterior; es decir, cuidar la dolarización y la balanza comercial no petrolera, además de resguardar el sistema de pagos para que el circulante de la economía genere liquidez y consumo de los hogares.  

Varios países han tomado, temprano o tarde, medidas para atender la crisis y el Ecuador no ha sido la excepción, pues más allá de los protocolos de bioseguridad y de las medidas de reacción “inmediata” para el manejo de la crisis por parte Comité de Operaciones de Emergencia (COE Nacional), hace apenas pocos días atrás, la Asamblea Nacional, por iniciativa del Gobierno Central, aprobó la denominada “Ley Humanitaria” con una serie de articulados que, lastimosamente, no identifican ninguna premisa clara para la obtención de recursos económicos para que el Estado pueda enfrentar los efectos de la crisis sanitaria y menos para una rápida reactivación económica post-pandemia.

En su lugar, dicha Ley plantea por un lado, medidas para no perder lo poco de liquidez de las personas y sostener (en parte) el bienestar de los hogares durante y después del Estado de Excepción; por ejemplo: la no suspensión de asistencia a clases por retraso de pago en escuelas, prohibición de incremento en tarifas de servicios básicos, no suspensión de cobertura de seguro de salud por falta de pago, instar a la Junta Monetaria a reducir las tasas de interés, suspensión de multas en infracciones de tránsito; entre otras.
Por otro lado, se aprobaron reformas laborales que permiten de común acuerdo entre empleado y empleador reconfigurar su relación contractual, contratos emergentes de plazo fijo que permiten establecer jornadas laborales entre 20 y 40 horas; y la posibilidad de reducir de forma emergente la jornada de trabajo.

Adicional a la Ley, el Gobierno Nacional adoptó una serie de medidas tales como: recortes a la jornada laboral del sector público, liquidación de varias empresas públicas, re focalización del crédito externo, eliminación de subsidios a los combustibles y recorte del gasto público; con lo cual se pretende obtener alrededor de USD 4 mil millones para enfrentar la crisis.

De acuerdo a las Naciones Unidas, la Pandemia hará que el desarrollo humano retroceda por primera vez en los últimos 30 años; principalmente por la afectación a las personas más vulnerables, el incremento de los indicadores de pobreza y la desigualdad, la precipitosa caída del comercio global y el detrimento de las condiciones de vida.

Lo cierto es que el Coronavirus ha tomado al mundo entero por sorpresa y los ajustes sin duda son fuertes, afectando a todos sin distinción; no obstante, la humanidad históricamente ha demostrado que se adapta y retoma una “nueva normalidad”. Es responsabilidad de todos contribuir a superar esta difícil coyuntura y resembrar el futuro de nuestros hijos en un mundo que nos ha reprendido en muchas ocasiones en el pasado y hoy más que nunca, nos llama a reflexionar.

  
Manta, 22 de mayo del 2020

lunes, 27 de enero de 2020

Examen "Ser Bachiller" y Educación Superior en Ecuador



Por: Rigoberto Carvallo
rigobertocarvallo@gmail.com
@rigocarvallo

¿Se imaginan que la Federación Ecuatoriana de Fútbol convocara libremente a todos los jóvenes para que conformen la tricolor? Tendríamos una selección de cientos de jugadores.

Asimismo es el sistema de educación superior pública; lo explico de la siguiente manera:

1.    No existe la cantidad de cupos y universidades suficientes para aceptar a todos los bachilleres cada año; motivo por el cual el examen "Ser Bachiller" permite identificar a esa "selección" de estudiantes que obtienen un puntaje mínimo en base a sus conocimientos básicos y que puedan, meritocráticamente, alcanzar un cupo para la Universidad.
2.    Es necesario este examen para tener más probabilidades de que los estudiantes que acceden a la Universidad (que generalmente son los que obtienen mejores calificaciones), no se retiren a medio camino. Entendamos que el Estado INVIERTE en cada estudiante y si se retira, el Estado pierde; es decir, perdemos nosotros porque financiamos la educación pública con nuestros impuestos.
3.  La instancia llamada a definir las características y mecanismos del sistema de acceso a las universidades e institutos tecnológicos públicos, es la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Sugerir su eliminación implica que no existiría institución encargada de definir la política pública en materia de educación superior; sin ella, ¿Quién define la pertinencia de la oferta académica? (Es decir, las carreras y profesiones que el país necesita para su desarrollo), ¿Quién regula la gratuidad de la educación superior pública? ¿Quién coordina las políticas de investigación en plena era de desarrolla basado en las tecnologías de la información e innovación?

De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Información (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021), la tasa bruta de matrícula en educación superior en universidades y escuelas politécnicas en el año 2016 fue del 27,81%; es decir que, del total de los jóvenes entre 18 y 24 años de edad, aproximadamente un tercio se matricula en la Universidad.
Por otro lado, si miramos las estadísticas de la UNESCO (World Bank Open Data), vemos que en el Ecuador al 2015, alrededor del 45% de jóvenes (independientemente de su edad) accedieron a educación terciaria (esto es todos los niveles de educación superior: universidades, escuelas politécnicas, institutos técnicos y tecnológicos, conservatorios, etc.); cifra que se encuentra por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (52%).

La crítica fundamental al sistema de acceso a las universidades ha sido en los últimos años la cantidad de estudiantes que no logran (al menos en su primer intento) acceder a un cupo. Ante aquello, existe la corresponsabidad, por un lado, del Gobierno Central para generar las condiciones para que aquel estudiante pueda tener ilimitadas oportunidades de acceso e instrumentos que le permitan mejorar su rendimiento; y por otro lado, de las familias para motivar a los jóvenes a no abandonar sus sueños y enseñarles el valor del esfuerzo y del mérito.

martes, 12 de junio de 2018

Un vistazo al primer año de Gobierno: aciertos, desaciertos y desafíos.


Ilustración: Revista Líderes (2017)


UN VISTAZO AL PRIMER AÑO DE GOBIERNO: ACIERTOS, DESACIERTOS Y DESAFÍOS


Por:
Econ. Rigoberto Carvallo
@rigocarvallo
El primer año de mandato del Presidente Lenín Moreno ha estado marcado por una profunda transformación del modelo político que gobernó el Ecuador durante los últimos 10 años; proceso que inició durante el final del primer semestre de gestión del 2017, donde se generaron los instrumentos necesarios para la planificación, inversión y de financiamiento para los próximos años.
El Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de navegación de la gestión gubernamental y plantea objetivos y metas que deben ser logrados bajo un accionar interinstitucional; pues solo la acción colectiva y el ejercicio programático de acciones y proyectos desde una o varias instituciones del Estado, niveles de gobierno y demás actores de la sociedad civil, permitirá alcanzar las grandes metas nacionales.
Así, se propuso un modelo de desarrollo basado en la garantía de derechos con énfasis en políticas sociales para atender la deuda con la sociedad aún pendiente en temas de: salud, educación, vivienda, seguridad social, generación de empleo, protección y atención especial a grupos prioritarios, etc.
A lo largo de este primer año de Gobierno, las prioridades del Gobierno Nacional parecieron estar centradas en proyectos sociales, reducción de la pobreza, generación de empleo y productividad, salud, educación, vivienda, atención a los grupos prioritarios, erradicación de la violencia, atención a los sectores rurales, entre otros; así como en un trabajo más cercano al territorio, el cual pretende materializarse a través de una Estrategia Territorial Nacional.
La transición de Gobierno implicó un reajuste en la institucionalidad del Estado, la gobernanza, la priorización presupuestaria y las políticas públicas; lo cual empezó con el proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021, máximo instrumento de política pública nacional y hoja de ruta de la administración pública para los próximos 4 años, mismo que no solo recogió la voluntad del soberano, sino que también se fortaleció mediante un proceso de planificación participativa con la ciudadanía a lo largo y ancho del país.

Partiendo de un breve análisis del cumplimiento del actual Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional ha logrado importantes hitos en su primer año de gestión (en gran parte explicado por la continuidad en la efectividad en la implementación de políticas públicas sociales); pues se logró que más de 120.000 personas salieran de la pobreza extrema por ingresos, más de 13 mil jóvenes salieron del desempleo; y se redujo en 1,44 puntos la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre.
Similarmente, en aspectos relacionados a Hábitat y Ambiente, se logró mantener el 16,44% del territorio nacional bajo protección y se creó el “Comité Interinstitucional Agua Segura y Saneamiento para Todos”, con el fin de precautelar la dotación y calidad del agua a 62 cantones. Además, se alcanzaron importantes logros en materia de infraestructura y recursos naturales no renovables tales como: aumento la cobertura de servicio eléctrico al 97,3% de la población, se impulsó el Plan de Electrificación del Sector Camaronero, se crearon 1.636 nuevas plazas de trabajo  en sector minero, renegociación de contratos petroleros; entre otros.
No obstante, el principal desafío para los próximos años recae en la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional para la planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, de tal manera que se concreten en programas, bienes y servicios a favor de la ciudadanía; sobretodo, entre los frentes productivo, económico y social

Concretamente, se deben aumentar los esfuerzos en todos los niveles de gobierno para alcanzar las grandes metas de reducción de pobreza multidimensional, erradicación del trabajo infantil e incremento del empleo adecuado; así como focalizar acciones específicas de política pública  para mejorar las condiciones de empleo de grupos vulnerables.
Corresponde también una prioridad empujar con fuerza la erradicación de la violencia contra niños, niñas y mujeres, precautelando su seguridad y la garantía de sus derechos.

En los ámbitos económico y productivo, es prioritario cautelar  la sostenibilidad y equilibrio fiscal a través de la eficiencia recaudatoria y  la optimización  del gasto público, impulsar el crecimiento y sostenibilidad económica del país a través de la mejora de la balanza comercial no petrolera, mediante la diversificación productiva, valor agregado y encadenamiento productivos. Además, estimular la inversión extranjera orientada a fortalecer la producción nacional y las alianzas público privadas, incorporando tecnologías altamente eficientes y limpias (I+D), resulta un aspecto que debe considerarse y potenciarse en los próximos años.

Finalmente, la lucha contra la corrupción y la creación de un Estado más cercano a sus ciudadanos, es una lucha constante que debe continuar con mayor intensidad en el segundo año de gestión. En ese sentido, la ciudadanía deber empoderarse mucho más de su rol demandante para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y en su corresponsabilidad para demandar transparencia en la gestión pública.